Mujeres representantes de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntarios denunciaron que el peligro de muerte cada es es más fuerte a causa de la deforestación a lo que se suman los incendios forestales que afectan su territorio.

“Miles de familias indígenas se enfrentan cada vez con mayor dificultad a la enorme presión por la expansión de la soja y la ganadería, que deriva en la deforestación de nuestros bosques y esto, a su vez implica la pérdida de seguridad alimentaria, de materia prima para las artesanías, de nuestras medicinas ancestrales, de la cultura y nuestra espiritualidad y del derecho a vivir en un hábitat saludable”, señala parte del documento presentado a autoridades del Ministerio de la Mujer y del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

La denuncia también incluye la realidad de estas familias que siguen peleando por la devolución de sus territorios como el caso de la comunidad Tekoha Sauce y los pueblos enfrentan una enorme burocracia para la transferencia y titulación de tierras, lo que da oportunidad a que capitales extranjeros se apropien de esos territorios mediante la corrupción estatal”, señala parte de la denuncia presentada a autoridades del Ministerio de la Mujer y del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

En cuanto a salud y educación, las mujeres señalaron la necesidades de prestar mayor atención del Estado a la educación y salud indígena que atraviesa situaciones como el bajo nivel de escolarización por falta de escuelas y colegios y también por la falta de caminos de todo tiempo y por el alto costo de acceso a las universidades.

Esta situación tiene como consecuencia niñas, niños sin estudios y jóvenes desocupados, sin acceso al empleo y cada vez más expuestos al uso de drogas y otras circunstancias que ponen en peligro a las familias.

“Todas estas falencias y falta de oportunidades generan desplazamiento forzado ya que en búsqueda de educación, salud, empleos en los que se exponen a explotación, los miembros de las comunidades terminan estableciéndose en otro lugar de manera definitiva. Como consecuencia se amplían los cordones de pobreza urbanos”, indican en el documento.

Otro punto de reclamo es la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Piden rescatar y promocionar el conocimiento tradicional, medicinal y artesanal que se encuentra en riesgo y proponer hacerlo mediante capacitación técnica, planes de producción y distribución que garanticen la sostenibilidad de las comunidades y medios de vida propios.

La solicitud también incluye que las secretarías de atención a pueblos indígenas de las gobernaciones puedan trabajar en relevar datos sobre la situación integral de las comunidades y que se pueda garantizar que los pueblos tengan un promotor de salud de preferencia de la comunidad y que se les otorgue los medios necesarios para la atención integral de la población rural como urbana que hasta ahora mueren por causa de enfermedades prevenibles.

El documento fue entregado a Ana María Allen, presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI) con copias a Soraya Bello del IPA, Ladislaa Alcaraz y Sonia Ávalos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas además de Lidia Arellano y Princesa Lezcano del Ministerio de la Mujer.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.